El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato determinó, por mayoría, que es procedente la interposición de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), tras considerar que existe violación a los principios constitucionales y a la autonomía del Poder Legislativo local por el llamado ‘Plan B’.

Con 24 votos a favor y 11 en contra, se solicitó presentar la controversia contra el Decreto presidencial firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral .

Para sumar acciones contra el ‘Plan B’ desde Guanajuato, el Congreso local solicitó al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que se una para presentar en conjunto ante la SCJN la controversia constitucional.

“A fin de que se privilegien los principios de democracia, autonomía y la no invasión de competencias, ya que se considera que irrumpe la órbita competencial del Estado de Guanajuato”, se expone en un comunicado oficial del Congreso local.

La propuesta para presentar la controversia constitucional contra el ‘Plan B’ y sumar al Gobierno del Estado para que también se integre, fue un punto de acuerdo de obvia resolución presentado por el grupo parlamentario del PAN

Aspecto de la Sesión del Pleno donde la mayoría de los legisladores del Congreso del Estado de Guanajuato aprobaron presentar la controversia constitucional ante la SCJN contra el ‘Plan B’ de AMLO.

La diputada Susana Bermúdez Cano, al subir a tribuna para defender e puto de acuerdo, mencionó que las reformas del ‘Plan B’ transgreden el régimen federal del estado mexicano, al no contemplarse atribución del Congreso de la Unión para regular la estructura orgánica de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE’s).

“La Constitución general no establece la forma en que deberán organizarse administrativamente los organismos públicos locales electorales, tampoco le otorga atribuciones al Congreso de la Unión para regular la estructura orgánica de los OPLE’s, por lo tanto, es evidente que dicha atribución corresponde a la competencia de las entidades federativas, mediante las propias constituciones locales y legislación correspondiente”, dijo Bermúdez.

Los cambios, agregó la diputada panista, vulneran la autonomía e independencia del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), al contemplar normas que afectan los principios de autonomía, independencia e invasión a su esfera competencial, además de que se vulneran las condiciones de equidad y de los principios que deben regir las contiendas electorales, al contener normas que afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas.

Finalmente, Bermúdez Cano expuso que existe una afectación de los derechos laborales del personal del IEEG al eliminarse puestos técnicos claves de operación que en suma significa el desmantelamiento de la estructura orgánica al eliminar plazas.

Al hablar en contra de la propuesta, la diputada morenista Hades Berenice Aguilar Castillo expresó que la propuesta presentada no está a favor de la democracia, porque se quiere evitar que las ciudadanas y los ciudadanos sean quienes elijan a sus consejeros electorales, por lo que votar en contra de la obvia resolución significa estar a favor de la búsqueda de instituciones electorales confiables.

Previamente, en sesión extraordinaria, el pasado 6 de febrero, por mayoría el Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato acordó solicitar la presentación de la  controversia constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la reforma al artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social.