El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó una iniciativa de reforma para solicitar a la Cámara de Diputados se reforme el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución mexicana relativo a la extorsión.
Diputadas y diputados de Guanajuato piden a sus pares en la Cámara de Diputados que la extorsión sea incluida en el catálogo de delitos graves y que se imponga prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
“Con esta iniciativa, consideramos que atendemos un gran problema a nivel nacional, la extorsión, y en vista de la complejidad del escenario actual, las legislaturas locales no podemos ser omisas ante esta situación”, se expone en parte de la iniciativa promovida por el PAN, y enviada por el Congreso de Guanajuato a la Cámara de Diputados.
El delito de extorsión en Guanajuato tiene mayores castigos desde el año 2020 luego de aprobarse una reforma la Código Penal local. Las penas van de cuatro hasta 15 años de prisión y si el delito lo comenten dos o más personas de algún grupo delictivo la cárcel se incrementa de seis hasta 22 años.
La Fiscalía General del Estado (FGE) asegura que a diario se atienden reportes de extorsión y se ha identificado que en el 99 por ciento de los casos los extorsionadores se hacen pasar por integrantes de grupos criminales y la gran mayoría de las llamadas, proviene, paradójicamente, de las prisiones.
“Pido su voto a favor del dictamen por las personas amenazadas en las tiendas, a los empleados que van a cobrar al banco, al administrador, al dueño, a los hijos e hijas, por todos aquellos que un día y también el otro son extorsionados (…)
“El alto grado de impunidad resulta de que las carpetas de investigación se quedan sin materia, porque las víctimas, sus testigos no acuden a las audiencias por temor al delincuente que está libre, y aún más, se oponen a que se siga investigando, pues temen por su vida y su seguridad”, mencionó”, expresó en tribuna la diputada Susana Bermúdez, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
En Guanajuato se comenten 6 extorsiones por semana, siendo León la ciudad donde más ocurre al menos 1 vez por semana, según datos del Observatorio Ciudadano de León
La iniciativa encontró sin embargo rechazo en el PRI, PVEM y Morena, pues integrantes de estos grupos parlamentarios se pronunciaron en contra de la reforma.
La diputada Yulma Rocha Aguilar, del PRI, expresó que compartía la inquietud de los iniciantes por el alza en el delito de extorsión y la evolución que ha tenido en los últimos años, sin embargo, al ser discutida y revisada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa ya fue rechazada previamente.
“La prisión preventiva es la medida cautelar más severa que se puede aplicar a un inculpado, debe de ser carácter excepcional, pues implica someter al imputado a un estado de máxima injerencia, al ser privado de su libertad, pues el hecho de imponerla es tomado por la colectividad como prueba de la responsabilidad del investigado, a pesar de que se le presume inocente”, expuso la Diputada Rocha tras enfatizar que de aprobarse la prisión preventiva para los extorsionadores, implicaría un “grave retroceso” al principio de progresividad de los derechos humanos, además que el argumento de que el aumento de dicho delito no es razón suficiente para promover la reforma.
De forma similar el diputado Gerardo Fernández González, del PVEM. expresó su rechazo a la prisión preventiva oficiosa, además de señalar que la propuesta no es viable para solucionar los grandes problemas de seguridad que padece el estado.
“La prisión preventiva es una afectación desmedida de los derechos humanos de la libertad y a la presunción de inocencia, el daño se incrementa cuando lo incluimos de manera indiscriminada, es decir sin distinguirse, hay una diferencia muy grande por los niveles de afectación por lo que en este momento podemos irnos a un análisis más profundo y detallado de este tema”, expuso la diputada morenista Alma Alcaraz Hernández.
- Fotos: Especial/Congreso del Estado
