Los diputados del Congreso local de aprobaron una reforma que penaliza de 30 y hasta 60 años de prisión a quien asesine a un policía en Guanajuato.

La nueva medida busca mandar un mensaje directo al crimen organizado ante el aumento de asesinatos de agentes policiacos.

Con la aprobación por unanimidad de la propuesta para incrementar las penas contra quienes atenten contra la vida de policías estatales o municipales, ministeriales y jueces penales, el Congreso local envía un mensaje claro y contundente de que como sociedad no toleraremos a quienes usan la violencia como instrumento para sostener redes delictivas y que respaldamos a los hombres y mujeres encargados de la seguridad pública y la administración pública”, enfatizó en la tribuna la diputada panista Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La legisladora enfatizó que se busca que a quienes, en represalia por el trabajo de un servidor público en materia de seguridad pública y administración de justicia, lo asesinen a él o a sus parientes más cercanos, se les aplique la pena máxima que puede imponer el Estado: hasta 60 años de prisión, con un mínimo de 30 años.

Las reformas penales consideran prisión de 30 a 60 años también a quien atente contra los cónyuges y familias hasta el cuarto grado de los servidores públicos dedicados a la seguridad o administración de justicia

Además de la reforma al artículo 141-a, también se aprobó la modificación al artículo 150-a del Código Penal, que señala: “Al responsable de lesiones en contra de servidores públicos que desempeñen funciones de seguridad pública, de investigación de delitos, de procuración o administración de justicia en materia penal, de ejecución de penas, de su cónyuge o de sus parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado o con quién viva en concubinato, se aumentará la punibilidad de la mitad del mínimo a la mitad del máximo de la que correspondería con los artículos anteriores”.

En su mensaje, la diputada Libia Dennise García dijo que “si bien este aumento en las penas no resolverá por sí mismo el desafío en materia de seguridad, estamos convencidos de que es un paso indispensable a dar, y lo creemos por dos motivos: permitirá castigar con mucho mayor rigor a quienes cometan estos asesinatos, manteniéndolos más tiempo alejados de las calles y castigándolos en forma proporcional a la gravedad del delito”.

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