Cuando el movimiento popular cartista se arrojó a las calles entre 1835 y 1840 tenía por objetivo central la disputa contra la burguesía y el Estado en pos de la inserción del pueblo en el parlamento.

La problemática a la que se enfrentaban los obreros ingleses rebeldes, tenía una disposición legislativa muy compleja pero también era bastante simple, como suele ocurrir en la dinámica de la ideología política. Eliminar la propiedad como derecho al voto constituía el centro de todas las pugnas. Si es posible hablar de un solo elemento fundamental para la historia política inglesa es justo ese sentido de tenencia.

Desde el primer esbozo cortesano, cada hombre era respaldado por la cantidad de tierra que le hubiesen cedido los monarcas; su voz se hacía escuchar y su mandato se desplegaba según la extensión a la que tuviera derecho. Esto empezó a cambiar a raíz de que los comerciantes empiezan a hacer uso de los primeros periódicos, a destacar disertaciones filosóficas como el Segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke -en el que básicamente desbarata la justificación de una herencia divina y natural de la tierra- y, en resumen, a incidir de manera práctica y eficiente en el parlamento haciendo uso de toda su estructura cultural y de su poder monetario adquirido en los intercambios mercantiles que crecían de manera exponencial.

El proceso para que comerciantes y  dueños de fábricas obtuvieran su derecho al voto pese a no ser considerados terratenientes fue largo, pero rindió frutos

Hacia 1832-1834 tuvieron lugar sus primeras conquistas, el parlamento inglés emitió dos mandatos: la Ley de Reforma con perfil electoral y, después, la Ley de Enmienda sobre los pobres. En ambas se concentraban dos cambios que beneficiaban a un sólo sector: comerciantes y fabricantes (burguesía).

En primer lugar, se expropió el derecho a decidir a los dueños de grandes territorios en donde no había poblaciones, un derecho que -pese a la inutilidad del terreno- habían conservado desde el feudalismo. Ese poder de decisión, a su vez, se repartió entre los miembros de un parlamento en renovación, puesto que en esa misma reforma se dotaba del derecho al voto a los burgueses. Para ese momento, 1 de cada 6 hombres del país, con capitales acumulados y saludables física y mentalmente, alcanzaban el derecho a expresar una opinión política que sería no sólo escuchada sino atendida en el recinto legislativo.

En segundo lugar, la nueva Ley de Pobres de 1834 que rebosaba de buenas intenciones, pero carecía de estructura para cumplirse, estaba destinada a cubrir las necesidades de los otros 5 hombres de cada 6 que no podían votar, más las mujeres y los niños que, políticamente, eran mera escenografía en el ambiente de esos hombres. Todos ellos compartían una característica: trabajaban más que cualquiera con presunción de workaholic en los tiempos que corren.

Esta ley cojeaba del pie de la organización, al ser proyectada para el sector social más bajo no se trazó ningún plan desde el parlamento, sino que se dejó la libertad de operación a las autoridades judiciales más regionales. Ellas debían  interpretar y poner en práctica el conjunto de normas. El anunciado fallo ocurrió. Las casas de trabajo-asistencia para los más pobres pronto se convirtieron en reformatorios con cara de penitenciarias, el objetivo se tergiversó y ya no se sabía si estaban ahí para aliviar sus condiciones de vida o para no importunar a la sociedad funcional.

El Reformatorio de la Unión Andover es un caso famoso o el retrato del lado oscuro de la era victoriana que lleva a cabo Charles Dickens con Oliver Twist, donde se pone sobre la mesa la intervención del brazo del Estado en detrimento de la última clase social

Una muestra de que, en tan sólo dos años de diferencia entre la emisión de ambas leyes, la sociedad burguesa ya se había enquistado en el poder parlamentario fue que la ley de los pobres estaba orientada a la transferencia de trabajadores rurales a zonas urbanas. Lo que significaba no sólo más mano de obra para los fabricantes, sino la lectura de que los trabajadores podían desecharse humanamente en las casas de asistencia social.

La civilización da pero también la civilización quita. En suma, se cubren las demandas de la burguesía, tanto en lo político como en lo social-mercantil, a través de generalizar las necesidades de todo lo viviente: la exigencia del término de las condiciones del poder absolutista. Dicho sea de paso, el nombre oficial de la ley de 1832 fue “Una ley para modificar la representación del pueblo en Inglaterra y Gales”. El verdadero pueblo, que empezaba a exigir reconocimiento a su trabajo, les estaba por estallar en las manos con el movimiento cartista que fungiría como uno de los primeros en la lucha por el reconocimiento obrero.

Después del ímpetu por socavar el poder monárquico, opresivo y despilfarrador, la burguesía se encontró empantanada en imprecisiones estratégicas para incidir en el nuevo orden político que se suscitaba. Es imposible obviar que los adinerados más listos escalaron rápidamente en la nueva dinámica sociopolítica, aprovecharon su influencia en el comercio y su capacidad mercantil –que ahora regía el terreno de las justificaciones políticas- para promover reformas que siguieran aumentando su capacidad de adquirir propiedad.

Como las anteriormente citadas leyes inglesas. Nada ajeno a la realidad que se vive a partir de entonces –y hasta nuestros días- en cualquier tipo de gobierno que lleve por adjetivo democrático o parlamentario.  Pero, también es cierto que a la par de que se legislaban las condiciones para mantener el flujo del capital, se concedían ganancias teóricas en el terreno de la igualdad política. Locke, por ejemplo, termina diciendo de la mejor manera posible que la propiedad radica en que cada hombre es dueño de su persona y de la obra de sus manos.

De manera paulatina, la burguesía intercambió el ‘derecho a todo’ del absolutismo monárquico por el ‘derecho a obtenerlo’ de los ciudadanos

El paralelismo con el poder del Estado que finalmente obtuvo el origen burgués de sociedad civil fue anticipado por el filósofo alemán G. W. F Hegel a principios del siglo. Él es uno de los primeros que logra apreciar las contradicciones en el nuevo estado de cosas. Su perspectiva de que sus contemporáneos han encontrado una nueva forma de desigualdad que estriba en la diferencia de talento, formación intelectual y moral es invaluable.

Justamente cuando la sociedad burguesa empezaba a tejer sus nuevas y fuertes conexiones en la política, aparecían pensadores como Hegel que exponían los problemas que se avecinaban cuando los hombres empiezan a generalizar las necesidades sociales en favor de acumular riqueza y poder para sus grupos. No es raro que dentro del sistema filosófico hegeliano se garantice la superación de dicha desigualdad mediante el Derecho. El autor de la Fenomenología del espíritu no fue más allá en su percepción sobre el peligro que significa tener una sociedad civil que le disputa el poder político al Estado; no obstante, resaltó con agudeza que de ninguna manera la sociedad podría ser paralela del Estado y cumplir las funciones que a éste le corresponden.

La sociedad civil, desde la perspectiva hegeliana, quiere generar su propio coto de poder, entrar al juego y dotarse de existencia política. El derecho lo postula Hegel como el garante de aglutinar las necesidades que imperan sobre la mayoría de los hombres, es en él donde deben de concentrarse las herramientas para mantener el equilibrio del poder para que, en definitiva, la decisión de la mayoría no quede en manos de aquellos que se promocionan como las mayorías.

Mientras que Hegel dimensionó las contradicciones político-sociales, Karl Marx las señaló. Los valores primordiales de la clase opulenta como propiedad, familia y modo de trabajo  correspondían a valores feudales pretendidamente ya superados como señorío, estamento y gremio, respectivamente. Por más pretensión de autonomía que tuviesen los comerciantes adinerados, todos ellos se encontraban al amparo de una lógica dominante que se mantenía, que sólo había cambiado de términos y, por si fuera poco, pintaba para ser ubicua y anónima. Gracias a Hegel, Marx describe el proceder de esa nueva plataforma ideológica de poder económico y, lo más importante, identifica a su correlato que hasta ese momento aguardaba en la penumbra de la exclusión: la masa. Esa gigantesca mayoría de individuos, traducida en fuerza de trabajo, carentes de propiedad privada, organización e instrucción.

Toda la medianía del siglo XIX tuvo como sello la disputa por el voto entre la comunidad apta para conseguirlo de manera cultural, instruida, organizada, en una palabra, civil. Mientras que los movimientos obreros estallaban exigiendo reconocimiento

En un sentido primario, se podría decir que el socialismo  es un intento para que la sociedad no se convierta en grupúsculos de hombres privados (comerciantes, dueños de fábricas, es decir, burgueses) arañando más posiciones de poder político. Dice Marx que el terreno político conquistado por la burguesía debería replegarse al resto de la sociedad que carece de representación y no convertirse, por el contrario, en ganancia de lo ya institucionalizado. Es tan irónica la participación legislativa de la burguesía convertida en sociedad civil que Marx, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, señala que el régimen parlamentario vive de la discusión de cómo prohibir la discusión.

Hacia finales del siglo, las ganancias decimonónicas se contaban cómo el gobierno de la racionalidad en el dominio político, en la idea de igualdad traducida en derechos potencialmente universales y en una estructura económica basada en el laissez faire. De lo que no tomaban consciencia los regentes del nuevo orden era del conflicto estructural en el que subsistía la sociedad. El derecho al reconocimiento se había echado a andar casi dos siglos antes en los pequeños salones literarios, en las charlas en torno a los bocadillos que acompañaban el té de media tarde, en los ambientes donde se respiraba ilustración y ahora, en el culmen del siglo XIX, estaba la pugna en carne viva en medio de las calles, entre propietarios y obreros que se disputaban el uso del Estado reducido a mera fuerza pública.

De este modo es que  aquello que inició como bandera de reivindicaciones sociales entre la burguesía del Siglo de las Luces, se fue convirtiendo vertiginosamente en lucha de intereses particulares.

Para ese momento, la percepción liberal que apreciaba todo desde su púlpito parlamentario, vivía desconcertada ante el desorden que vivía la sociedad completa. Empiezan a temer que la verdadera mayoría, la muchedumbre -como la llaman numerosos teóricos liberales, un ejemplo es Tocqueville- logre el ascenso al poder. Incluso, personajes como John Stuart Mill expresan en sus escritos una preocupación por moldear a la masa  y, desde la ética, dibujar el sentido de libertad que sigue vigente hasta nuestros días: aquello de que nuestra libertad estriba en no dañar al otro.

Se empieza a hablar de pluralidad de opiniones como fundamento de la libertad. Si en un momento la expresión del pueblo burgués fue loable, racional y victoriosa, ahora -en este estado de cosas- la opinión de todos, de absolutamente todos los no instruidos, se ve reducida a una suerte de creencia, a la acepción más miserable y fetiche de la doxa. Cuya utilidad será únicamente para que los intereses generalizables permanezcan. Se empieza también a gestar el desplazamiento de la razón como compinche de la libertad de expresión, optando por la muestra de tolerancia ante todas las opiniones. En su temor al gobierno de la muchedumbre, Stuart Mill empieza a escribir sobre las condiciones de las mujeres, sobre las de los esclavos y, un poco, sobre todo aquello que fuera pertinente para desbaratar al gran volumen de individuos que viven y sufren las mismas circunstancias, condiciones y necesidades, pues justamente es éste su acicate para la conquista de posiciones políticas.

En la larga historia del reconocimiento de la muchedumbre,  se pasa de las casas de beneficencia con aires de penitenciarías, en las que pedir más comida equivalía a la expulsión; luego, a la extensión de derechos políticos de una masa fragmentada y dispersa en atomizados grupos de acción (negros, mujeres, esclavos) a finales del siglo XIX, hasta arribar al tan inútil, repetitivo y reduccionista comentario del liberalismo tercermundista que reza: los pobres son pobres porque quieren.

 

  • Ilustración: L.S. Lowry