El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha anunciado una medida populista para una condonación de deuda, por única vez, para los hogares que no han pagado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el mayor distribuidor de electricidad en México.

La medida apunta a ocultar el carácter derechista de su administración, mientras que al mismo tiempo se prepara para cierres futuros de servicios públicos, ataques contra las pensiones de los trabajadores eléctricos y nuevas medidas para privatizar la CFE con el pretexto de luchar contra la “corrupción”.

La vaga declaración de AMLO del 31 de julio hizo que pareciera que millones de hogares endeudados en todo el país recibirían un alivio muy necesario: “A partir de este 1 de julio habrá una tasa nueva, justa y diferenciada. Los más pobres pagarán menos y la electricidad utilizada para fines industriales será mayor, pero no más de lo que pagan ahora”.

Tal movimiento de una sola vez dejó en claro que las deudas futuras no serían perdonadas, mientras que no dice nada sobre el mantenimiento de subsidios futuros o la reducción en los precios de la electricidad. Pero incluso esta miserable medida fue retrasada dos días más tarde, cuando AMLO notó que, lejos de la política nacional a la que aludía su declaración original, el alivio solo se aplicaría al pequeño estado de Tabasco, su estado natal.

Miles de personas en Tabasco han llevado a cabo una “resistencia civil” contra el gobierno estatal desde 1995, cuando AMLO perdió la gobernación del estado ante el futuro candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Madrazo. Al declarar la elección fraudulenta, AMLO abogó por negarse a realizar pagos al gobierno estatal o federal como una forma de protesta.

Según la CFE, cerca de medio millón de usuarios están retrasados ​​en sus facturas de electricidad en el estado de Tabasco

La tabula rasa limitada de AMLO evita la vergüenza política de tener que cortar la electricidad como resultado de una maniobra que formuló y avanzó en una campaña anterior. El truco político de AMLO también pretende proporcionar una tapadera apenas velada para el ya reconocido nombramiento del nuevo jefe de la CFE, Manuel Bartlett.

Bartlett es otra figura en el gabinete de AMLO que viene de las administraciones derechistas del PRI. Fue secretario de Educación y secretario de Gobierno en sucesivas administraciones del PRI en los años ochenta y principios de los noventa.

Bartlett es infame por su papel en las elecciones de 1988, cuando anunció la “caída del sistema” que se utilizó para manipular las elecciones contra el candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, del naciente Frente Democrático Nacional (FDN) -que daría origen al Partido de la Revolución Democrática (PRD)- y a favor de Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI.

En 2009, el ex presidente Miguel de la Madrid le dijo al New York Times que el PRI había manipulado las elecciones para garantizar su propia victoria. Agregó que tres años después de las elecciones, todas las boletas de papel se quemaron para eliminar la evidencia de fraude. En 2017, Bartlett mismo reconoció que Salinas había perdido las elecciones. Como entonces secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral -que sería sustituída con la creación del Instituto Federal Electoral (IFE)-, Bartlett tenía la tarea de supervisar el fraude electoral.

AMLO conoce muy bien el pasado político de Bartlett, todo mundo lo sabe. El nuevo presidente de México es un ex miembro del PRI y del PRD, que Cárdenas lanzó después de las elecciones de 1988. AMLO es un político cuya bolsa de valores ha sido protestar contra las elecciones robadas, por ello es de extrañar que se vuelva mudo cuando se trata de elevar a una figura que fue el instrumento para llevar a cabo fraudes masivos y pisotear los derechos democráticos de millones de personas.

Cuando AMLO dice que quiere luchar contra la “corrupción”, no significa encarcelar y enjuiciar a los banqueros, las empresas y los políticos que controlan el sistema económico y político de México

Más bien, quiere ir tras los sueldos de los empleados públicos de base, las pensiones de los trabajadores y la deuda pública de los hogares, los estados y los municipios. La administración de AMLO ha prometido continuar las “reformas” que fueron apoyadas por todos los principales partidos políticos como un esfuerzo para privatizar el petróleo, la electricidad, las telecomunicaciones y la educación. AMLO y Bartlett, quienes anteriormente se consideraban en contra de la legislación, desde ha tiempo han buscado promover todas las garantías necesarias de que con el nuevo gobierno se respetará el “Estado de Derecho”.

Estaba en contra de las reformas energéticas aquí en el Congreso, pero la reforma energética está funcionando”, declaró Bartlett poco después de haber sido nombrado nuevo director de CFE. “Andrés Manuel ya ha declarado claramente que no aceptará ninguna reforma constitucional, respetaremos la estructura existente que fue establecida por las reformas energéticas, y lo que está sucediendo actualmente, que son las reglas del mercado”.

El gobierno de Enrique Peña Nieto contó historias sobre cómo las “reformas” energéticas generarían miles de empleos nuevos, menores precios del petróleo y la electricidad y una nueva ola de crecimiento económico. Cinco años después, el único “crecimiento” real ha sido el engorde de las carteras financieras de la oligarquía financiera extranjera y nacional.

La “reforma” ha dejado a los consumidores a merced de los precios del petróleo, ya que el combustible es el principal insumo para la generación de electricidad. Desde la aprobación de la legislación en agosto de 2014 hasta enero de 2016, los precios de CFE disminuyeron en aproximadamente un 35 por ciento, lo que reflejó una baja en los precios del petróleo y gas natural. Desde 2016, sin embargo, han aumentado en un 54 por ciento, y ahora los precios son más altos que antes de la legislación.

La CFE, que fue creada en 1937 como parte de las reformas llevadas a cabo por Lázaro Cárdenas, ha sido constantemente privatizada desde los años 90

Hasta hace cinco años, la CFE era el único proveedor autorizado de electricidad en todo el país. Ahora, la CFE participa en un mercado energético con empresas privadas y ha otorgado más de 25 contratos a inversores privados para la producción de energía.

La CFE tiene más de 14 mil millones de pesos (más de 750 millones de dólares) en deuda de estados y municipalidades y 36 mil millones de pesos (más de 1.9 mil millones de dólares) en deuda por facturas sin pagar. El capital financiero ha dejado en claro que las deudas de la CFE deberían pasar de las espaldas de los trabajadores a través de la recolección de deudas, el fin de los subsidios y la reducción de las pensiones de los trabajadores de la electricidad.

La CFE informó que cortó la electricidad a 216 municipios entre diciembre de 2017 y enero de 2018 sólo debido a facturas impagadas. Mientras tanto, el gobierno federal ha declarado que sólo respaldaría las pensiones de los trabajadores de CFE si el gobierno pudiera negociar un nuevo contrato con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de México (STPRM). Los pasivos por pensiones tanto para Pemex como para CFE ascendieron a 1.7 billones de pesos (más de 91 mil millones de dólares), o casi el 10 por ciento. La Auditoría Superior de la Federación ha notado que el número de jubilados con pensiones aumentará en un 28 por ciento durante los próximos 15 años.

Al igual que con todos los principales problemas sociales, las demandas de electricidad asequible, el fin de los cierres de servicios públicos y las pensiones totalmente financiadas no pueden ser asumidas por ningún representante de la clase capitalista.

Incluso las necesidades más básicas de los trabajadores requieren una expropiación de la riqueza de la aristocracia financiera, en México e internacionalmente, para garantizar que los recursos y la tecnología, que la humanidad ya tiene disponible, puedan utilizarse para elevar los niveles de vida de todas las clases, no sólo la trabajadora.